Nuestros cuerpos, nuestras decisiones.
Los derechos de las mujeres no se negocian.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho conquistado por primera vez en nuestro país durante la II República. Tras el levantamiento militar y la posterior dictadura, el aborto voluntario volvería a incluirse en el código penal y todas las personas involucradas en el proceso serían objeto de persecución y sanción. La Ley Orgánica 9/1985 se conquista, tras la muerte del dictador y el complicado y delicado período de la Transición, gracias a una serie de campañas, movilizaciones y reivindicaciones del movimiento feminista, ligadas al reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos y, en su marco, a la exigencia de una legislación que despenalizara la IVE y garantizara las condiciones necesarias para practicarlo sin riesgo para las mujeres ni para las y los profesionales implicados. Es gracias a muchas mujeres, entre las que conviene destacar a la diputada de Izquierda Unida Marisa Castro, que en 1985 se extrae el delito de aborto deliberado del Código Penal para dar paso a una normativa más transigente: la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinados supuestos (art. 417 bis del Código Penal).
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho conquistado por primera vez en nuestro país durante la II República. Tras el levantamiento militar y la posterior dictadura, el aborto voluntario volvería a incluirse en el código penal y todas las personas involucradas en el proceso serían objeto de persecución y sanción. La Ley Orgánica 9/1985 se conquista, tras la muerte del dictador y el complicado y delicado período de la Transición, gracias a una serie de campañas, movilizaciones y reivindicaciones del movimiento feminista, ligadas al reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos y, en su marco, a la exigencia de una legislación que despenalizara la IVE y garantizara las condiciones necesarias para practicarlo sin riesgo para las mujeres ni para las y los profesionales implicados. Es gracias a muchas mujeres, entre las que conviene destacar a la diputada de Izquierda Unida Marisa Castro, que en 1985 se extrae el delito de aborto deliberado del Código Penal para dar paso a una normativa más transigente: la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinados supuestos (art. 417 bis del Código Penal).
Actualmente, ante la deriva reaccionaria que vivimos en muchos países, el derecho al aborto está siendo cuestionado. En países como Estados Unidos se ha prohibido este derecho en muchos estados, y en Europa también. En los países donde no se consigue revocar el derecho (países como España, donde en 2014 cuestionar este derecho llevó a la dimisión al entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón) se extorsiona, por parte de grupos ultras, a las mujeres en las puertas de las clínicas donde ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O se crea confusión, como la generada por el PP de Madrid sobre el inexistente síndrome pos-aborto y la confusión entre un aborto no deseado y una interrupción voluntaria del embarazo.
En nuestra ciudad, Alicante, no somos ajenas a esta deriva reaccionaria y llevamos meses soportando cómo personas ultraconservadoras se apostan en la puerta de la clínica Ginetec para extorsionar a las mujeres que ejercen su derecho, en nombre de una supuesta Fe que promete ayudarlas. Ante estos hechos, el director de la clínica presentó una denuncia a la policía y logró que se abriera un proceso por acoso contra la organización ultracatólica “40 días por la vida”. El juzgado número 9 de Alicante emitió un auto donde acordaba “el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”. Es decir, el acoso y la extorsión a la libertad de las mujeres sale gratis.
Además, para desgracia de las mujeres que vivimos y sostenemos esta ciudad, en noviembre de 2024 el Ayuntamiento inauguró una supuesta oficina de ayuda a la maternidad. Y lo hizo porque era una de las condiciones que Vox tenía para aprobar los presupuestos municipales de 2024. Casi un año después de su apertura, esta oficina va a pasar de tener una dotación de 7.000 € a 400.000 € a costa de la Concejalía de Acción Social. Se va a subvencionar esta oficina cuyas competencias son persuadir a las mujeres de su derecho a decidir. ¿A cambio de qué?
Ante esta deriva reaccionaria a un derecho ya conquistado hace décadas y que cuenta con un enorme consenso social, Esquerra Unida Alacant quiere dejar manifiesta su postura de que la IVE es un derecho de las mujeres que hemos defendido y defenderemos siempre, y que las únicas medidas dirigidas a reducir este número de intervenciones son aquellas que ofrecen información sexual en los colegios e institutos, así como medidas sociales que garantizan el derecho de las personas a unas condiciones de vida dignas.
El aumento de la natalidad se consigue con medidas realmente sociales como la reducción de la jornada de trabajo (qué curioso que PP y VOX votaran en contra), ayudas sociales a los cuidados, corresponsabilidad real en las empresas, vivienda y bienestar social.
Por último, queremos expresar nuestra solidaridad con las mujeres que se han visto extorsionadas por estas manifestaciones ultras a las puertas de la clínica Ginetec, así como a las y los profesionales que se hayan visto afectados.
Alicia Rius Buitrago. Coordinadora de Feminismos de Esquerra Unida Alacant.
