Izquierda Unida lleva al Parlamento Europeo la vulneración de derechos que supone la Ordenanza de Convivencia de Alicante.

• Manu Pineda y Sira Rego, eurodiputados diputados por la Izquierda, llevan al Parlamento Europeo la vulneración de los Derechos Humanos que supone la llamada “Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante”.
• Más conocida como “Ordenanza de la vergüenza”, esta normativa criminaliza los colectivos más vulnerables de la ciudad. Según afirman desde EU Alicante, la normativa “destila un ánimo sancionador, sin aportar ninguna solución en materia de acción social”.

Los eurodiputados por la Izquierda, Manu Pineda y Sira Rego, han registrado una batería de preguntas en el Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de Derechos Humanos que supone la llamada “Ordenanza de Convivencia Cívica” de Alicante. La normativa, que estuvo aprobada el pasado mes de febrero por el gobierno de la ciudad, formado por el Partido Popular y Ciudadanos y apoyado por el partido de ultraderecha VOX, implica multas de hasta 3.000€ para personas sin techo y mujeres en situación de prostitución. En este sentido, Pineda y Rego enfatizan que la ordenanza no tan solo afecta a estas personas vulnerables, también a personas migrantes y al colectivo LGTBI: “bajo el pretexto de la convivencia, se fomenta la discriminación en materia de igualdad, diversidad sexual y migración”.

Los eurodiputados por la Izquierda se basan en datos del Observatorio HATENTO para afirmar que el 47% de las personas en situación de vulnerabilidad han sufrido algún tipo de incidente o delito de odio por el hecho de no tener un hogar. Además, aluden a los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aseguran que este tipo de ordenanzas violan el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Así, las preguntas inciden en una valoración por parte de la Comisión Europea de esta ordenanza en concreto, pero también otras similares, puesto que “claramente vulneran los DDHH en la Unión Europea”. Además, se solicitará a la Comisión que este tipo de normativas se ajusten a los dictámenes del TEDH y que, en caso de no hacerlo, se pida información a las autoridades municipales sobre las consecuencias de su aplicación.

Por su parte, Manolo Copé, coordinador del colectivo de EU Alicante, asegura que “lo que está en juego es que Alicante no se deshumanice”. Copé incide en que “esta norma somete a las personas más perjudicadas por el sistema a una situación más difícil todavía, en la cual se les prohíbe y sanciona por sobrevivir en el espacio público”. En este sentido, Copé denuncia que “esta ‘Ordenanza de la vergüenza’ no busca la inclusión social ni resolver los problemas de las personas alicantinas más desfavorecidas”.